Propone GPMC reformas para combatir la violencia digital

 

• Incluye medidas de protección inmediatas para garantizar la integridad de la víctima.
• Pide que la autoridad ordene a plataformas digitales o medios de comunicación el bloqueo y destrucción de las imágenes, audios o videos denunciados.

En nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso mexiquense, la diputada Juana Bonilla Jaime propuso incluir el término de violencia digital en la legislación estatal a fin de dar mayor certeza a las víctimas de violencia digital y brindar un acompañamiento por parte de las autoridades a las mujeres, niñas y jóvenes que hayan sido agraviadas.
En sesión deliberante, la legisladora señaló que la violencia digital en contra de las mujeres y niñas representa un obstáculo para su acceso seguro a las comunicaciones e información digital, genera consecuencias psicológicas, emocionales y sociales para las víctimas y limita el pleno uso, goce y disfrute de sus derechos humanos.
Dijo que el incremento del uso de internet, telefonía celular, equipos de cómputo y acceso a redes sociales también ha propiciado una problemática que necesita ser atendida por los actores competentes, por lo cual se busca incluir un capítulo dedicado a la violencia digital en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México.
También propone que la o el Ministerio Público, la jueza o el juez, ordenen de manera inmediata las medidas de protección necesarias para las víctimas y ordenen a las empresas de plataformas digitales, de medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, destrucción, o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con la investigación, previa satisfacción de los requisitos de ley.
Asimismo, establece un procedimiento para que las plataformas digitales, medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas den aviso de forma inmediata al usuario que compartió el contenido, donde se establezca de forma clara y precisa que el contenido será inhabilitado por cumplimiento de una orden judicial.
La propuesta, a la que se adhirió el grupo legislativo del PAN a través de la diputada Miriam Escalona Piña, fue remitida a dictamen de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición.