Van por la universalidad de los programas sociales del GEM

 

• En tiempos electorales aumentan las beneficiarias del salario rosa: Silvia Barberena.
• Las políticas y programas sociales deben ser para todas y todos, afirmó.

A fin de que las políticas y programas sociales del gobierno estatal lleguen a todas y todos, el grupo parlamentario del PT en el Congreso local propuso incorporar en la Ley de Desarrollo Social de la entidad, el principio de universalidad, conforme al cual la política de desarrollo social está destinada a todas las personas que habitan en el territorio del Estado de México y tiene como propósito el acceso de todos y todas al ejercicio de los derechos sociales y a la mejora continua de sus condiciones de vida. La iniciativa de la legisladora Silvia Barberena Maldonado expone que la ausencia de universalidad en las políticas sociales afecta principalmente a los más pobres, pues en su mayoría no garantiza a todos los ciudadanos determinadas protecciones o beneficios que se consideran necesarios para que participen plenamente en la sociedad en que viven. La legisladora explicó que, de acuerdo con datos del último informe de gobierno, el Programa Salario Rosa inició con 100 mil Beneficiarias en 2018; para el segundo año de gobierno se incrementó 104 por ciento; mientras que, para el tercer año, es decir previo al año electoral de 2021 el programa paso de 104 mil beneficiarias a 185 mil, incrementándose en 185 por ciento para caer drásticamente a 74 mil beneficiarias en el año post electoral; esto es 40 por ciento menos respecto al año anterior y 36 por ciento menos de beneficiarias con lo que inició el programa. Esto, indicó, hace pensar que el programa no tiene alguna ruta concreta y que la pobreza en las mujeres se incrementa solo ciertos tiempos. La iniciativa remitida para su dictamen a la Comisión de Desarrollo y Apoyo Social busca consolidar el derecho para acceder a la política social para que exista igualdad, equidad y justicia en el acceso y ejecución de los programas sociales en nuestra entidad, al eliminar la corrupción y la discrecionalidad, por lo que se considera necesaria que la universalidad de los derechos sociales sea el fundamento para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los mismos