Falta administrativa grave no enterar cuotas al Issemym, plantea GPPAN

 

• Adeudan al Issemym cinco mil 694 millones de pesos: Miriam Escalona.
• La sanción será independiente de la responsabilidad civil o penal.

Para que la omisión de enterar cuotas, aportaciones, cuotas sociales o descuentos ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym) se considere como una falta administrativa grave de los servidores públicos, la diputada Miriam Escalona Piña (PAN) propuso reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, para que este tipo de conductas no queden impunes, enfatizó. De acuerdo con su la ley que rige este instituto, indicó la legisladora, el Issemym tiene la atribución de recibir y administrar cuotas y aportaciones del régimen de seguridad social; sin embargo, en los últimos ejercicios gubernamentales, han existido entidades públicas que han omitido enterar las cuotas y aportaciones de las y los trabajadores, así como de las propias instituciones que son también sus principales fuente de ingresos. Destacó que, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México desarrolló una investigación en la que se evidencia el monto global de adeudos con el Issemym que asciende a más de cinco mil 694 millones de pesos. De esta cifra, 36 municipios adeudan 494 millones de pesos; 23 organismos de agua, 715 millones; 12 organismos auxiliares estatales, 154 millones; un organismo auxiliar municipal con un adeudo de 850 mil pesos; tres cuerpos de guardias de seguridad con un adeudo de 4 mil 269 millones; 38 organismos municipales de Cultura Física y Deporte con un adeudo de 16 millones; y 49 sistemas municipales DIF con un adeudo de 43 millones de pesos. En este sentido, plantea que las y los titulares de las dependencias y entidades, sus oficiales mayores o equivalentes, y los servidores públicos encargados de realizar las retenciones y descuentos serán responsables de los actos y omisiones que resulten en perjuicio de la dependencia o entidad para la que laboren, del Instituto, de las personas trabajadoras o pensionadas, independientemente de la responsabilidad civil o penal en la que incurran. La iniciativa será analizada por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social.