Requieren atención especializada para personas con discapacidad

 

• Instancias municipales y estatales atienden a casi 3 millones de personas con discapacidad: Martha Amalia Moya.
• Propone GPPRD considerar violencia institucional reducir el presupuesto para combatir la violencia contra las mujeres.

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso local propuso que el gobierno del Estado de México genere a la brevedad, en coordinación con los 125 municipios, la academia y organismos de la sociedad civil, un foro y una mesa de trabajo con la finalidad de garantizar que todas las instancias municipales y estatales cuenten con capacitación para brindar atención de calidad a personas con discapacidad. Conforme a la propuesta signada por la diputada Martha Amalia Moya Bastón y el diputado Enrique Vargas del Villar, integrante y coordinador del grupo legislativo del PAN, el Estado de México registra casi tres millones de personas con alguna condición de discapacidad, quienes habitan principalmente en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Atizapán y Zumpango. La iniciativa remitida a dictamen de la Comisión para la Atención de Grupos Vulnerables se basa en los principios de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la finalidad de que la igualdad sea una realidad para las personas y grupos vulnerables. Propone GP PRD ampliar concepto de violencia institucional El grupo parlamentario del PRD en el Congreso local propuso reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México a fin de que la violencia institucional también sea entendida como la reducción del gasto gubernamental dedicado a proyectos, programas e instituciones enfocadas en prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres, sin la debida justificación y sin prever medidas compensatorias. La propuesta del diputado Omar Ortega Álvarez y las diputadas María Elida Castelán Mondragón y Viridiana Fuentes Cruz, coordinador e integrantes del PRD, puntualiza que la perspectiva de género en los presupuestos públicos requiere destinar recursos encaminados a disminuir y eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres y debe permanecer a lo largo de todo el ciclo presupuestario. La iniciativa será analizada por las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición.