El Mensaje del Caudillo

 

• Plantean reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de México.
• Forman parte de los pilares para la transformación de los esquemas de salud, educativo, el campo y la industria: Raúl Ponce.

A fin de impulsar y fortalecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en el Estado de México, en nombre del grupo parlamentario de Morena, el diputado Raúl Ponce Elizalde propuso reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de México.
La iniciativa suscrita por las y los legisladores Azucena Cisneros Coss, Camilo Murillo Zavala, Faustino de la Cruz Pérez, Luz Ma Hernández Bermúdez y Carmen de la Rosa Mendoza, establece que la ciencia, la tecnología y la innovación forman parte de los pilares para la transformación de los esquemas de salud y educativo, así como de la estructura productiva del campo, de la industria y en general de toda actividad económica.
La propuesta también busca homologar la legislación estatal con la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología de 2020, además de precisar algunos elementos de la normatividad estatal que propicien mejores condiciones para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en favor de la población mexiquense.
Remitida a dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, busca regular las normas y bases, para la aplicación de los recursos que el Gobierno del Estado destine a las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación y los mecanismos de coordinación entre las dependencias y organismos auxiliares del Gobierno del Estado que intervienen en la definición de políticas y programas.
Señala el papel que desempeña en estas tareas el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt) para la elaboración del Programa Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación; en el Sistema Integral de Información Científica, Tecnológica e Innovación y en el Consejo Consultivo de Ciencia, Tecnología e innovación, ambos del Estado de México.
También indica la coordinación del gobierno estatal con dependencias o entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, organismos del sector privado, productivo y social nacionales o extranjeros, las comunidades académica, científica y tecnológica; los centros de investigación públicos y privados, y las personas físicas y jurídicas colectivas para la generación de políticas públicas y la formación de profesionales en estas ramas, para lo cual también plantea el Registro Estatal de Investigadores y Tecnólogos.