Avala Edomex apoyo económico a jóvenes en desocupación laboral

 

• Aprueba Congreso mexiquense reforma constitucional, remitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para que jóvenes reciban un apoyo económico mensual equivalente, al menos, a un salario mínimo general vigente.
• La prestación será por 12 meses mientras se capacitan para el trabajo.

Por unanimidad el Congreso mexiquense aprobó la minuta proyecto de decreto, enviada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para que el Estado federal otorgue un apoyo económico mensual, equivalente, al menos, a un salario mínimo general vigente, para las personas jóvenes, de entre 18 y 29 años de edad, que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando algún nivel de educación formal.

En su calidad de integrante del Constituyente Permanente, la LXII Legislatura mexiquense avaló la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la que se busca que esas juventudes se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas, en los términos que fije la ley.

Al respecto la diputada Maricela Beltrán Sánchez, a nombre de la bancada del partido MC (que votó a favor) dijo que estos ocho mil 480 pesos mensuales representan un apoyo decidido del gobierno federal para estas personas, pero advirtió que este tipo programas sociales son insuficientes.

Tras señalar que su voto no es un cheque en blanco y serán vigilantes de que este recurso no sirva a otros fines, se pronunció por una visión de futuro, a más largo plazo, que impulse programas y políticas públicas que fomenten el empleo y el acceso a la educación para las juventudes.

El documento de la minuta, que leyó la diputada Alejandra Figueroa Adame (PVEM), resalta que el objetivo es que las juventudes no sean absorbidas por actividades informales o delictivas, ya que, al proporcionar una alternativa productiva y capacitación en sectores estratégicos, el apoyo económico se convierte en un incentivo para que accedan a oportunidades de empleo digno, lo que reducirá su vulnerabilidad ante la pobreza y la violencia.

Añade que, esta medida responde a una realidad social, en la que la falta de oportunidades deriva en exclusión y precarización laboral de este sector poblacional, razón por la cual la intervención del Estado es una obligación constitucional y una necesidad impostergable para fortalecer la cohesión social y el desarrollo económico.